Más de 70 organizaciones humanitarias de El Salvador y del extranjero rechazaron este miércoles una Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por el Congreso y promovida por el presidente, Nayib Bukele, porque «habilita la criminalización arbitraria» y es parte de una «escalada autoritaria».
Las organizaciones también se pronunciaron contra la detención de defensores de derechos humanos registradas en las últimas semanas, entre ellos la abogada anticorrupción Ruth López y el ambientalista Alejandro Henríquez.
La ley impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones civiles.
Una ley de «venganza»
«Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño», dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), en una conferencia de prensa.
Añadió que la iniciativa aprobada «atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación».
Advirtió que este tipo de normativas, que se han aprobado en países como Nicaragua, se usan «para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo».
Reyna dijo que les preocupa «el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional -sin una definición clara- que refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil».
A juicio de la activista, esta ley aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), que controla el Congreso, es una forma de «castigar a las organizaciones» que denuncian violaciones y falta de transparencia y «premia» a las que realizan el trabajo de atención que le corresponde al Estado.
Cooperación internacional
Indicó que también «estamos esperando una respuesta contundente del Cuerpo Diplomático», porque la referida ley condicionaría la cooperación internacional.
Para Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), esta «es una ley que busca silenciar, es una venganza».
«Este paso más que ha dado el Estado de aprobar esta ley es solamente una creciente profundización del deseo de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, por el respeto a sus derechos, porque las personas que han sido detenidas arbitrariamente estén libres», agregó.
Fondos a ONG se auditan
Por su parte, Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo que uno de los argumentos del partido oficialista para aprobar la referida ley es que busca transparentar los fondos que reciben las ONG, lo que es falso.
«Hay que desmentir categóricamente al Gobierno y a la Asamblea Legislativa sobre ese punto, porque la sociedad civil siempre ha rendido cuentas de los fondos que recibe», indicó.
«Tenemos que entregar cada año nuestros estados financieros» y en estos documentos «va quiénes nos financian» y «no es que hacemos lo que sea con el dinero, sino que por el contrario, estamos sumamente auditados», explicó Escobar.
«Quieren que nosotros seamos transparentes, que lo hemos sido ¿Por qué no son transparentes con quién financia sus campañas electorales? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía?», cuestionó.
Eric Zelaya, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, sostuvo que «lo que ha sucedido es parte de una escalada autoritaria».
«Cada vez más este Gobierno se está pareciendo al de Nicaragua», dijo y añadió que «esta medida ya se aplicó en Nicaragua y a un año de la aplicación había 3.000 ONG cerradas con sus bienes confiscados».
